La Represion España y Argentina

Desde 1990 Los Libros de la CATARATA ha publicado más de mil doscientos títulos que forman parte de un proyecto editorial independiente que pretende contribuir a la difusión de formas de pensamiento crítico. Nuestro objetivo es lograr la incorporación de nuevos lectores y autores que intercambien no sólo información y puntos de vista, sino también emociones y estrategias de acción. El catálogo se va formando con la publicación de libros que se caracterizan por su naturaleza divulgativa y cuyo objetivo es servir de estímulo para la reflexión y el debate sobre la realidad política, económica, cultural y social a través de obras que aportan una visión plural más allá de los tópicos sobre aquellos temas de actualidad y cuestiones de fondo que interesan a un lector curioso y comprometido con la sociedad.

España y Argentina han pasado por dictaduras que se perpetuaron mediante secuestros, torturas, crímenes, campos de concentración, “desapariciones”…, en definitiva, sistemas de represión. Sin embargo, difieren en la manera de mirar hacia aquellos hechos. Frente a la negación y el “para qué, si ya están todos muertos” tan frecuentes en la sociedad española, destaca el orgullo con el que las Madres de la Plaza de Mayo han luchado contra la impunidad. Ambos contextos también se diferencian en el papel de la justicia o en el esfuerzo de cada Estado por afrontar los hechos. La autora, comprometida con esclarecer cómo se organizaba la represión de las dictaduras militares, ha estudiado ambos casos y ha entrevistado a las personas que lo vivieron en primera persona. Sus conclusiones confrontan con el discurso del olvido y contribuyen a preservar la memoria histórica.

La represión y las luchas por la memoria en Argentina y España

Doctora en Antropología Urbana (Universitat Rovira i Virgili) y licenciada en Antropología (Universidad Nacional de Rosario). Entre sus principales líneas de investigación se encuentran: la violencia, los conflictos y sus resoluciones, la recuperación de la memoria, las dictaduras y sus huellas en la actualidad, la Segunda República, los derechos humanos, los movimientos sociales, las relaciones de género, las relaciones interculturales. Ha publicado diversos artículos sobre estas temáticas y participa en equipos y proyectos de investigación en el Centro de Estudios sobre Conflictos Sociales (CECOS). Colabora como asesora en el boletín Otras Memorias y ha sido finalista del I Premio Internacional Joaquín Ruíz Giménez de la Fundación Gregorio Peces-Barba para el Estudio y Cooperación en Derechos Humanos.

Con unos 9.000 muertos y 30.000 desaparecidos a sus espaldas, estamos ante una de las dictaduras más sanguinarias y crueles que ha sufrido el continente americano en el último siglo. Y de un plumazo, tenemos a tres de los campeones más campeones de la actual cleptocracia española -dos de ellos enterrados con honores recientemente, al otro esperamos verlo en los tribunales antes de que se lo coman los gusanos- apoyando activamente un régimen de terror que cometió las peores atrocidades imaginables. Casi nada. Y luego el ”campechano” tenía los santos cojones de mandar callar al presidente electo de Venezuela. Entre 1976 y 1983 se sucedieron en Argentina cuatro juntas militares que funcionaron con un despiadado y eficaz aparato represivoparalelo al Estado. La más sangrienta fue precisamente la primera de ellas, encabezada por Videla y que se prolongó hasta 1981. Se perseguía, además de a opositores políticos y sindicalistas, a homosexuales, ateos y minorías (judíos incluidos). En esos años no solo se produjeron miles de asesinatos, sino que se desarrolló un sofisticado mecanismo de represión mediante el cual hubo violaciones y torturas sistemáticas (siendo las víctimas con frecuencia menores de edad), saqueo de propiedades de los detenidos y sus familiares (tomadas en calidad de botín de guerra), empleo de mano de obra esclava, robo de niños etc. Todo ello tenía lugar en los centros de detención clandestinos, que eran, en esencia, centros de tortura ilegales -llegó a haber más de 600 repartidos por todo el país- a los que eran conducidos los detenidos tras haber sido secuestrados por los escuadrones de la muerte compuestos por soldados y policías, y dirigidos por oficiales de las fuerzas armadas. Después de las torturas y haber obtenido -o no- la información deseada, el método preferido para deshacerse de los prisioneros era lanzarlos narcotizados al océano desde un avión, de ahí que el número de desaparecidos sea tan elevado.

OPINIONES DE GRANDES MEDIOS DE COMUNICACION dentro de ellos este LA VEU DE LA CIUTAT

 

Los crímenes del franquismo incluyen a más de 100.000 desaparecidos víctimas de la represión, los 30.000 niños robados que se calcula hubo durante ese periodo y los miles de presos políticos obligados al trabajo esclavo en campos de concentración. También se habla de las torturas en la sede del Dirección General de Seguridad.

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Estos Gobiernos españoles esgrimen la Ley de Amnistía en España de 1977 y la prescripción de los delitos como principales argumentos en contra de la investigación. No obstante, el equipo de abogados argentinos no lo ve de esa manera. En seis años han sumado a la causa unos 600 querellantes y denunciantes. ese a las dificultades de todo el proceso iniciado en abril de 2010, la jueza argentina Servini de Cubría sigue enviando exhortos a instituciones como la Guardia Civil, la Generalitat de Cataluña e incluso al Estado del Vaticano para recabar información. En el último caso, pretende investigar sobre las relaciones entre la Iglesia católica y además de intentar aclarar todo aquello que aclare la persecución de la que fueron objeto muchos religiosos católicos.Resultat d'imatges de fotos la lucha por memoria historica argentina-españa

 

1. Remoción de símbolos franquistas

 

De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.   

 

"El Valle de los Caídos difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".

 

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2. Valle de los Caídos

 

"El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo", observa el relator, que critica la falta de información. "Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas" o sobre "los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas", afirma. "Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica", ni por qué Franco "fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil". De Greiff recomienda "resignificar" el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. "Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador".

 

3. Educación deficiente

 

El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, "manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica". De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue "un conflicto entre dos Españas" y en la que se reforzaba la política del " borrón y cuenta nueva" en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.

 

4. Policías, militares y jueces poco formados

 

La ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra. 

 

5. Falta de información

 

"No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura", enumera el informe. Además, destaca temas "su explorados" como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución "independiente pero oficial" de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.   

 

6. Acceso restringido a los documentos

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Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados” invocando riesgos a la seguridad nacional" y "sin criterios claros". De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema.

 

7. Exhumaciones 'privatizadas'

 

El relator expresa su "preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación de los restos" y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó "la legitimidad de este reclamo", sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. "Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado". Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.

8. El obstáculo de la Ley de Amnistía

Aquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan "sin que los jueces siquiera conozcan los hechos". Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las "interpretaciones restrictivas" –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos. Resultat d'imatges de fotos la lucha por memoria historica argentina-españa

De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, "pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir".

9. Jurisdicción universal

Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve "con precupación" las reformas de 2009 y 2014 que "limitan significativamente" que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y asegura que "sigue atentamente" los procesos en marcha "como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas" invoando estándares internacionales. 

Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: " sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables".  

10. Víctimas 'de segunda'

"Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como 'víctimas de segunda categoría", describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza "por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo". El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir "todas las categorías de víctimas".