Introducción al Derecho procesal

INFORMACIÓN PERSONAL BEGOÑA VIDAL FERNÁNDEZ




Sexo FEMENINO | Fecha de nacimiento 07/05/1963 | Nacionalidad ESPAÑOLA


EXPERIENCIA PROFESIONAL
Entidad empleadora: FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Tipo de entidad: Universidad
Departamento: DERECHO CONSTITUCIONAL, PROCESAL Y ECLESIÁSTICO DEL ESTADO,
FACULTAD
Categoría profesional: PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD
Fecha de inicio: 03/12/1998
Modalidad de contrato: Funcionario/a Régimen de dedicación: Tiempo completo
Primaria (Cód. Unesco): 569900 - Otras especialidades jurídicas
Secundaria (Cód. Unesco): 560000 - Ciencias Jurídicas y Derecho
Terciaria (Cód. Unesco): 560000 - Ciencias Jurídicas y Derecho
Funciones desempeñadas: DOCENCIA TEÓRICA Y PRÁCTICA (en las asignaturas de Introducción al Derecho Procesal, Derecho Procesal Civil, y Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales en la Facultad de Derecho) E INVESTIGACIÓN EN DERECHO PROCESAL ESPAÑOL, DE LA UNIÓN EUROPEA Y DERECHO COMPARADO
Universidad de Valladolid
Plaza Universidad s/n, 47002 Valladolid (España)
Sector: Administración Pública


EDUCACIÓN Y FORMACIÓN

Nombre del título: DOCTORA EN DERECHO por la Universidad de Valladolid. NIVEL 4 (MECU)
Fecha de la titulación: 28 de enero de 1997
Titulación universitaria: Titulado Superior
Nombre del título: LICENCIADO EN DERECHO
Entidad de titulación: FACULTAD DE DERECHO Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 1986

Doctorados
Programa de doctorado: Doctorado y especialización en derecho y economía de la
Comunidad Económica Europea
Entidad de titulación: UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Tipo de entidad: Universidad
Fecha de titulación: 1991

Otra formación universitaria de posgrado

1- Titulación de posgrado: Curso de Derecho Comunitario Europeo
Entidad de titulación: Universidad de Granada Y Consejo General del Poder Judicial
Fecha de titulación: 03/1992

2- Titulación de posgrado: Cours isolé sur L'ordre Juridique des Communautés Européennes
Entidad de titulación: Université Libre de Bruxelles (ULB)
Tipo de entidad: Universidad
Facultad, instituto, centro: Institut d' Études Européennes

La Introducción al Derecho Procesal se articula en este libro en 16 capítulos agrupados en 5 Partes. La Parte I plantea los diferentes métodos de resolución de conflictos, y a continuación desarrolla el estudio de tres conceptos que llamamos básicos porque de su comprensión deriva la del resto de las instituciones y nociones de esta rama del ordenamiento: acción, jurisdicción y proceso. Pero el derecho procesal se actúa ante los tribunales. Por tanto presupuesto del conocimiento del derecho procesal es el de todos los juzgados, tribunales y audiencias ante los que ha de actuarse, en los que se imparte Justicia por los jueces y magistrados legalmente predeterminados, con la colaboración y el auxilio de diversas personas, cada una de las cuales ejerce la función que le encomienda la ley. Se trata del ?Personal de la Jurisdicción?, contemplado junto con la organización jurisdiccional en la Parte II. Sólo puede afirmarse que ?se hace Justicia? cuando ésta es impartida con pleno respeto de una serie de garantías esenciales, consagradas en nuestra Constitución como derechos fundamentales y como principios rectores del Derecho procesal, que son por ello objeto de atención en la Parte III. En la Parte IV se analizan todos los aspectos relativos a los actos procesales, que son aquellos que tienen una incidencia directa en el proceso. Por último es preciso el conocimiento de las personas que pueden intervenir en un proceso concreto (por tener las capacidades requeridas y estar legitimadas) así como la identificación del objeto que diferencia ese proceso de cualquier otro y lo individualiza, cuestiones desarrolladas en la Parte V, donde además se especifican los criterios de atribución de competencia judicial, y los elementos del objeto del proceso civil y del penal.

 

INTRODUCCION. Tal y como ha dejado claro el TJ a través de su jurisprudencia 1 , la Comunidad Europea2 es una Comunidad de Derecho3 • La idea de crear una Comunidad de Derecho estaba ya clara en la intención de los autores de los tratados constitutivos, quienes en ningún momento pretendieron una simple coordinación entre Estados sino el establecimiento de las bases de un Derecho nuevo, obligatorio y vinculante, no meramente voluntario, y autó- nomo del de los EE.MM. tanto por sus fuentes como por el órgano encargado de su correcta aplicación e interpretación'¡. Y la idea de Comunidad de Derecho, asentada sobre la de "Estado de Derecho", exige, entre otras notas5 , la efectiva garantía del sometimiento, tanto de los poderes de la Comunidad, como de los EEMM6 , como de los ciudadanos, al ordenamiento jurídico, en este caso al ordenamiento jurídico comunitario. Esta garantía reside en la existencia de un "Poder Judicial comunitario", independiente y autónomo de los de los EE.MM. Dicho poder correspondía en un principio al Tribunal de Justicia instituido por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (TCECA)7, viniendo regulados su organización y funcionamiento en el Protocolo anexo al Tratado conteniendo el Estatuto de dicho Tribunal. En 19 5 7 se constituyeron las otras dos Comunidades: la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA). Y el 25 de marzo de ese mismo año, se firmó el Convenio relativo a determinadas instituciones comunes a las Comunidades Europeas, por el cual se estableció un Tribunal de Justicia único para las tres Comunidades. 8 Al comenzar a desplegar su actividad, el Tribunal de Justicia se encontraba frente al problema de hacerse conocer, de afirmar y desarrollar sus competencias, de adquirir una legitimidad ante los potenciales usuarios, a través de un prestigio únicamente obtenible por la celeridad de los procesos desarrollados ante él y por la justicia de sus resoluciones, y sobre todo frente a la necesidad de instaurar una colaboración total y útil con los órganos jurisdiccionales de los EE.MM. Estas preocupaciones guiaron el desarrollo de la jurisprudencia del TJCE en sus momentos iniciales, claramente orientada entonces a atribuir eficacia y calidad al sistema jurisdiccional comunitario y a presentarlo bajo una forma atrayente. Estos esfuerzos tuvieron el fruto deseado y buscado por el TJ, y ello -según destaca TIZZAN09 - debido a tres razones fundamentales: por la creciente influencia del propio Tribunal en el seno del sistema comunitario, por su extraordinario impacto en la definición de las características esenciales de este sistema, y finalN.º 7, 1994 pág. 31-43 REE-31 SIGNIFICADO DEL Tl!If!L'NAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COiv!UNIDADES EUROPEAS n1ente por su definitivo en la afirmación y del Derecho Comunitario. nsecuencia de todo ello ha sido un importante incremento cualitativo y cuantitativo del contencioso comunitario, un excesivo volumen de trabajo que ha venido minando el bien ganado prestigio del Tribunal; pues tal sobrecarga de trabajo, año mayor a pesar de los intentos internos de TJ por solucionar el problema1 º, se ha traducido principalmente en un alargamiento de la duración de los procedimientos ante este órgano con el evidente perjuicio que ello conlleva una buena administración de Justicia.' 1 Esta sobrecarga de trabajo ha puesto asimismo de manifiesto cómo el T.J venía realizando dos funciones de características bastante diferentes'', pues aunque sea ante todo un tribunal que falla en Derecho al resolver los recursos directos ha de erigirse igualmente como juez de los hechos. Y mientras que la propia jmispru- . del Tribunal constituye una ayuda para su primera función, a través de una labor de desgajar y consagrar una serie de Principios Generales Derecho comunitario que se insertan en un contexto jurídico -comunitario también- permitiendo una concentración de los asuntos para su resolución; por contra, los hechos tienen que ser establecidos en todos y cada uno de los asuntos. En definitiva tratamos de resaltar que, frente a la concentración de los procedimientos que ha permitido un calendario más condensado, no ha sido en cambio posible una concentración de las instrucciones, y ello ·· como hemos dicho- por la propia naturaleza de los hechos. 11 En este sentido, como señaladamente ha destacado O. DUE , el T.JCE, al contrario que los Tribunales Supremos en general, no tiene la posibilidad de basar sus sentencias en hechos establecidos por un tribunal inferior. Tiene que determinarlos él mismo, y conjugar además esta tarea con las limitaciones de tiempo que impone un calendario establecido 6 meses antes. En este marco es evidente que la celebración de las vistas públicas, previstas con tanta anticipación, no deja espacio -dentro de dicho calendario- para investigaciones preparatorias satisfactorias. Solamente en los supuestos en que el T.JCE consi··